Los delirios nazis de la diputada Carrió. Y su escaso respeto por la constitución nacional.
Por Guillermo Luis Covernton.
Las poco felices declaraciones recientes de la diputada Elisa Carrió, en un programa televisivo, conminando a los empresarios que producen mercaderías agrícolas que se exportan, a liquidarlas en el mercado interno, han provocado rechazo e indignación. https://twitter.com/elisacarrio/status/994752564775317509
Especialmente en aquellas personas que, en momentos tan graves para el país, han respaldado claramente el camino elegido por este gobierno, que gobierna legítimamente, luego de ganar 2 elecciones.
La diputada Carrió pretende hacer creer a la ciudadanía que los empresarios del agro, por el mero hecho de mantener su capital de trabajo en forma de las mercaderías que ellos mismos producen, tiene algún tipo de «obligación», que en caso de no ser cumplida estaría implicando una «falta de apoyo al gobierno» o una «falta de solidaridad para con sus conciudadanos.»
Pongamos las cosas en perspectiva. En primer lugar, no puede ignorarse que la mayor parte de la producción agropecuaria de esta campaña de cosecha gruesa se encuentra en planta. Es decir que no ha sido aún cosechada y sigue expuesta a las inclemencias del tiempo que amenazan con producir gravísimas pérdidas. Acusar entonces a estos empresarios de estar confabulando contra el gobierno no solo es falso, dada la imposibilidad que tienen de actuar de otro modo, sino que además, es un acto de presión injustificable y denigrante de su investidura de legisladora. Pero eso es irrelevante a los efectos del debate filosófico, que es lo que importa.
La principal obligación del estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Porque esta última es la que les garantiza la defensa de las dos anteriores.
La constitución nacional, en su artículo 17 garantiza la integridad de este último derecho humano esencial:
«La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.»
http://leyes-ar.com/constitucion_nacional/17.htm
Los productores agropecuarios tienen el derecho, amparado por el ordenamiento constitucional, de comprar, vender, canjear o disponer de su propiedad como lo consideren más adecuado a la prosperidad de sus negocios. De hecho, deberían poder cobrar sus exportaciones en divisas y poder depositarlas en instituciones bancarias que no deberían poder cambiarlas a moneda doméstica y prestarlas, porque las normas de Basilea II condenan y prohiben lo que se conoce como el arbitraje de riesgos. Es decir, tomar dólares a una tasa de interés internacional y luego pasarlos a pesos y prestarlos a tasas de interés domésticas, más altas. Precisamente porque, en caso de devaluación, no podrían cubrir las pérdidas.
https://www.ucema.edu.ar/revista-ucema/nro35/comite-de-basilea
La pretensión de la diputada de obligar a los empresarios a exponer su patrimonio a un riesgo devaluatorio que está tan cantado y resulta tan evidente, es insostenible. Y se evidencia si miramos las tasas de interés reales que devengan hoy las letras del gobierno. Asimismo, que la diferencia generada por ese negocio ruinoso pase ilegítimamente a ingresar al patrimonio del fisco resulta una confiscación tan clara, que no merece ni siquiera explicarse.
Lo interesante es analizar porque un legislador puede cometer semejante atropello contra la propiedad y cuestionar la función empresarial y no ha sido inmediatamente repudiado por la sociedad en su conjunto.
La aspiración de que, todas las operaciones de exportación que generan ingresos de divisas, estén obligadas en plazos y montos a ser liquidadas a precios administrados por el Banco Central se apoya en una serie de normas regulatorias de tercera y cuarta categoría, que se inspiran en el nazismo. Y que deben ser derogadas para brindar la seguridad jurídica que permita la necesaria inversión, que este gobierno dice respaldar.
En 2014 tuvimos el privilegio de recibir en Argentina al gran economista español Pedro Schwartz, quien presidía la Sociedad Mont Pelerin de economistas. En su disertación brindada en la Universidad católicas Argentina, destacó que el control de cambios así como se lo conoce actualmente fue diseñado e implementado por Hitler, para poder así confiscar el patrimonio de los empresarios a su antojo.
Afortunadamente la ciudadanía en su conjunto ha rechazado masivamente en las urnas, a todos los proyectos hegemónicos y autoritarios que han pretendido avasallar a la libre empresa. La alianza que integra la desafortunada diputada fue elegida para terminar con esas pretensiones inconstitucionales. Ahora deberá honrar ese compromiso, bajo pena de perder su banca.
Y finalizo con una nota de color. La legisladora pretende poner en deuda al sector productor, alegando que su gobierno apoyó al agro reduciendo las retenciones a las exportaciones. Y olvida, patéticamente, que las retenciones a la soja todavía no han sido eliminadas, como se había prometido repetidamente durante la campaña electoral de la alianza. Y el grado en que han sido reducidas es ínfimo. El gobierno continúa confiscando casi un tercio de la facturación bruta, (antes de deducir los gastos), a este esforzado grupo de empresarios que son de los muy pocos que han desarrollado tanta competitividad internacional, que aun así logran mantenerse en el negocio. No sabemos por cuanto tiempo.
Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Magíster en Economía y Administración, (ESEADE). Es Profesor Titular Ordinario de Finanzas Públicas, Macroeconomía, y Emprendimiento de Negocios en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Ha sido profesor de Microeconomía, y Economía Política en la misma universidad. Fue Profesor Titular de Proceso Económico en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, (UFM). Fue secretario de Confederaciones Rurales Argentinas, corredor de granos y miembro de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario. Fue asesor de la Comisión Nacional de Valores para el desarrollo de mercados de futuros y opciones. Fue director académico de la Fundación Bases. Es empresario y consultor. Preside la asociación de Ex alumnos de ESEADE.
GUILLERMO LUIS COVERNTON 