La situación de las reservas del Banco Central de la República Argentina, el estado de derecho y el tipo de cambio.
En los últimos días se han filtrado una serie de comentarios, de diversas fuentes, que reflejan una muy genuina preocupación por el monto líquido de las reservas de divisas en el BCRA. Preocupa, con razón, poder determinar que va a recibir el próximo gobierno argentino, que asuma el poder ejecutivo el 10 de diciembre del corriente año.
Al respecto, creo que es oportuno hacer algunas reflexiones, que nos permitan analizar el problema con claridad. Como he dicho, la preocupación es muy genuina, si recordamos que la conducción saliente, en una república, solo ha sido el administrador de esas reservas y no podía ni disponerlas a su antojo, ni dilapidarlas, cosa que evidentemente ha ocurrido.
El nivel de reservas, según opiniones muy autorizadas, refleja un estado de virtual quiebra de la entidad, ya que se han utilizado, incluso, fondos de terceros. Y el remanente carece de liquidez.
En una columna reciente, Miguel Angel Boggiano explica el asunto con claridad meridiana.
http://www.cronista.com/columnistas/Las-reservas-del-Central-estan-en-cero-20151109-0037.html
A efectos de poder atribuir responsabilidades a quienes han llevado a la entidad a tal estado de quiebra resulta de gran interés, determinar estos montos a la brevedad y con precisión.
Pero una vez clarificado este asunto, que es solamente materia de una pericia contable, solo un tema de auditoría; lo que importa y abruma a la mayoría de los ciudadanos es como se gobierna frente a esa situación, y que angustias y privaciones le corresponderán a la ciudadanía, ante esta debacle.
Y es en este sentido que quiero permitirme una cuota de necesario sentido común.
Un banco central puede enfrentar, sencillamente tres situaciones, a saber: perder reservas, mantenerlas, o aumentarlas. Dejemos de lado, por un rato, la primera hipótesis, que es claramente la que se ha venido experimentando en el último año, con la actual administración. Sencillamente porque, como cualquier honesto padre de familia puede darse cuenta, es simplemente insostenible en el largo plazo.
Como dijimos: Plantearse el objetivo de perder reservas en forma crónica es un absurdo, porque como dijera el autor de nuestro poema máximo, “no hay plazo que no se cumpla ni tiento que no se corte”. Tal política solo puede encontrarse en una administración que abandona el poder vapuleada por el esperable resultado de su propia falta de idoneidad y de honestidad. Entonces deberemos asumir que la futura administración, con un horizonte de 4 años a la vista y posibilidad de otros 4 a posteriori, tomará al toro por las astas.
Luego, deberemos centrarnos en las otras dos. El próximo presidente no podrá disponer de las reservas para pagar deuda o intereses, hasta que no logre recomponerlas con fondos de propiedad del estado. Cosa que solo se logra con superávit fiscal.
Respondamos, entonces, ahora a la pregunta: ¿Cómo se gobierna con un banco central que mantiene sus reservas o las incrementa? Cuando pensamos en esto tomamos cabal conciencia que el gobierno no necesita utilizar las reservas para su normal funcionamiento. Las reservas de divisas del banco central no son la tesorería del poder ejecutivo.
El gobierno paga gastos corrientes con los pesos que recibe por el cobro de impuestos domésticos. Las reservas de divisas del Banco Central solo se necesitarían disponer para amortizar deuda externa, o para el pago de los intereses de deuda.
A un banco central que mantiene sus reservas o las incrementa, le dará lo mismo tener cinco, cién, diez mil o cincuenta mil millones. Porque no las utilizará.
El próximo gobierno no podrá pagar deuda externa ni servicios de esta deuda, hasta que no genere superávit fiscal genuino que le permita adquirirle a los exportadores, parte de las divisas que estos generan con su comercio. Esta demanda ampliada, a su vez, elevará el precio de la divisa e impulsará mejores precios para nuestras exportaciones, mayor rentabilidad, más demanda de factores de producción no importables, suba de salarios reales y crecimiento genuino, por mayor inversión de utilidades en negocios ahora rentables.
Cualquier otro planteo de contabilidad creativa o de manipulación del tipo de cambio es incompatible con la protección al libre comercio, a la propiedad privada y al estado de derecho, que exige que no haya tributo sin ley. Está implícito en las garantías constitucionales.
Por otra parte, la imposibilidad de pagar deuda o intereses no puede ser mucho más preocupante que la actual, ya que, en los hechos, nuestro país ha caído en cesación de pagos forzosa y sin pactar ni plazos ni posibilidades de refinanciamiento, hace ya mucho tiempo. Para cualquier acreedor, una situación de racionalidad económica y de respeto por la propiedad y los derechos individuales implica una mejora monumental del valor de su acreencia, hoy devaluada por la situación de impago. Nadie exige cobrar lo que sabe que no existe. Y el gobierno entrante podrá sentarse replantear plazos por el capital e intereses de la deuda.
Lo que abruma a la opinión pública es que una década o más de ausencia de estado de derecho han generado una importante confusión en la ciudadanía.
En las reservas del Banco Central actualmente se contabilizan activos propios del gobierno nacional, y activos de propiedad de terceros. Como ejemplo pueden mencionarse los encajes de los depósitos en dólares de los bancos comerciales, préstamos internacionales, como lo que llaman “Swap chino”, o activos propios del estado nacional, como pueden ser las divisas compradas con superávit fiscal.
Creer que las reservas del Banco Central deberían usarse para pagar importaciones de empresas comerciales, o para pagar dividendos al exterior de empresas extranjeras es muy propio de la confusión generada por vivir en una tiranía.
El gobierno no puede echar mano del dinero de terceros, depositado compulsivamente en el Banco Central. Asimismo, debe cesar en esta conducta ilegal de obligar a los particulares a liquidar sus exportaciones en el plazo y al precio que al gobierno se le ocurra, ingresándola al BCRA y pretendiendo luego disponerlas como propias. Esta disposición es una aberración jurídica inventada por el gobierno nazi de Hitler y luego copiada por regímenes de facto de similar signo. Y es incompatible con el estado de derecho.
Las empresas comerciales, en un estado de derecho, respetuoso de nuestra constitución vigente, pagan sus importaciones con divisas que adquieren a los exportadores de bienes y servicios o que reciben por sus propias exportaciones. Las empresas extranjeras giran utilidades que obtienen de sus mismas exportaciones o que le adquieren a las empresas que exportan. Este mecanismo, que es claramente conocido por cualquier persona honesta que haya aprobado un curso elemental de economía, y que fuera descubierto hacen ya más de 250 años, es válido para un sistema de patrón oro, o de tipo de cambio fijo, pero también es absolutamente válido para un país que no pueda emitir divisas y que pretenda mantener el poder adquisitivo de su moneda local.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_flujo_especie-dinero
Incluso en el supuesto de que a un país no le interese mantener la solidez de su moneda, la no aceptación de su moneda, por parte de los demás países lo vuelve a la realidad y lo obliga a respetar esta máxima.
Es decir que, en un país que respete la independencia de poderes, la legalidad y el estado de derecho, no cabe que se le confisque a los exportadores una parte de su riqueza obligándolos a vender las divisas que obtienen por su comercio, a precio vil y en plazo perentorio a un Banco Central que luego les negará la posibilidad de recomprar divisas para pagar importaciones o girar utilidades a sus accionistas extranjeros.
Tampoco cabe que se subsidie a empresas ineficientes, que necesitan componentes importados para armar mercaderías caras y de baja calidad, asignándoles parte de esas divisas, de propiedad de los exportadores, a precios subsidiados.
El gobierno deberá dejar de conculcar los derechos individuales de los ciudadanos, deberá cesar en expropiar a algunos y subsidiar a otros ilegalmente y tendrá que permitir la libre negociación de divisas por parte de sus legítimos dueños, de modo tal que cualquiera que quiera importar bienes o servicios le compre a aquellos que exportan.
Queda claro que el precio de la divisa no podrá trepar demasiado y más bien caerá, cuando se garanticen estos derechos, ya que actualmente hay una porción muy importante de las exportaciones que se liquidan a valores disparatadamente bajos, que no llegan ni al 50 % del precio al cual el estado le vende dólares a los asalariados que quieren protegerse de la inflación y ahorrar. O a los turistas que quieren ejercer su derecho constitucional de entrar o salir del país a su arbitrio.
Esta enorme masa de exportaciones, sin impuestos confiscatorios ni discriminatorios, aportará muchas más divisas que las que el mercado podría comprar a precios rentables. Lo cual generará la solución al problema de estrangulamiento externo que padecemos.
Obsérvese que no estoy discutiendo decisiones políticas. Un gobierno que pretendiera llevar adelante otro tipo de programa, en democracia republicana y respetando la constitución, debería ir al congreso y discutir derechos de exportación y subsidios a importadores, y pagar el costo político que esto implica. La experiencia del gobierno que está abandonando el poder en estos días, con su absurda “Resolución 125” parece haber dejado una lección que pocos políticos intentarían replicar.
Y la necesidad de renovar los mandatos de parte de los legisladores en el congreso, cada dos años, hace imposible pensar en estos mecanismos antijurídicos, si se pretende acceder al poder y mantenerse en el ejercicio de este, sin violentar el orden jurídico mediante el fraude, las candidaturas testimoniales, el avasallamiento de la prensa libre, y la reducción del congreso de la nación al papel de una mera escribanía de gobierno.
Por todo esto, queda muy claro que es lo que deberá hacer el próximo gobierno, del signo que sea, si pretende no reincidir en la tiranía, tal y como la ha ejercido el ejecutivo saliente.
GUILLERMO LUIS COVERNTON 